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No te preocupes, Enrique?

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Mano negra: ¿sobre el rector?

Nadie puede predecir, sin el riesgo de equivocarse, qué tan lejos estará la detención en España del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Especule a quienes predicen que es hora de que el ex presidente Enrique Peña denuncie a Nieto.

También especulamos sobre quienes observan un pacto de impunidad en las acusaciones presidenciales contra Carlos Salinas y Felipe Calderón.

Porque, aparte de los vericuetos que se deben extraer para darse cuenta de la extradición de Lozoya Austin, funcionario clave del año sexual de Peña Nieto, el destino de los escándalos de corrupción hoy depende de lo que decida el Ejecutivo Federal.

Los acontecimientos de esta semana lo confirman: López Obrador es quien marca la agenda de los poderes judicial y legislativo, así como el trabajo del fiscal Alejandro Gertz Manero, cuya autonomía es tan flexible y relativa como las declaraciones presidenciales sobre él en Las conferencias de la mañana.

Exactamente el 29 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió con el proyecto de reforma criminal regresiva otorgado a la oficina del Fiscal General.

Pero el 10 de febrero, la presencia de un elogiado Gertz Manero en el Palacio Nacional expulsó las versiones de que pronto dejaría el cargo por su alienación con el presidente López Obrador. E introdujo el rápido papel que juega el fiscal, si es necesario, en la comunicación presidencial cuando le entregó el cheque de 2 mil millones de pesos para pagar la lotería en la que anunció la lotería demolida del avión presidencial.

El día 12, en otro evento sin precedentes y con evidente supremacía presidencial, el ministro Arturo Zaldívar fue a la mañana para firmar el acuerdo para reformar el poder judicial para ser procesado por el Senado.

Fue un miércoles de actos de poder acumulados para el gobierno de López Obrador, cuando el arresto de Lozoya Austin se convirtió en una amenaza latente para los ex funcionarios, políticos, abogados, empresarios y jueces que estaban cerca del personaje y para aquellos que eran participantes o beneficiarios de los presuntos delitos acusados ​​de: lavado de dinero, asociación criminal y soborno.

Esa amenaza latente incluye a aquellos que operaron desde la reforma energética demonizada, sus inversores y cabilderos asociados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero también para el Partido de Acción Nacional (PAN).

Y para conmemorar ese miércoles de abrumador poder presidencial, el Palacio Nacional reunió a un centenar de empresarios, invitados a comprar parte de los 6 millones de boletos para la lotería que la Lotería Nacional sorteará el 15 de septiembre.

El pase de la bandeja ascendió a 1.500 millones de pesos, de acuerdo con las cantidades registradas en las cartas que se hicieron para llenar a los invitados a los tamales de chipilina.

La gratitud presidencial a los empresarios por cumplir con el financiamiento de la promesa de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) proporcionará cobertura universal de forma gratuita a fines de 2020, la relevancia de la detención de Lozoya Austin desapareció al saber cuáles eran las compañías Versión mexicana de Odebrecht, capítulo impune, junto con el de Venezuela, en ese escándalo de corrupción global.

Sin embargo, López Obrador aún no ha enfatizado ese agujero negro de posibles fondos privados en las campañas electorales del año sexual anterior.

Ni el presidente ni sus operadores han hecho nada concreto para investigar a fondo los posibles sobornos que, según los informes, Lozoya Austin jugó para la roca.

Tanto López Obrador como sus representantes políticos y legislativos han concentrado sus grabaciones mediáticas en el Instituto Nacional Electoral, el titular Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, quienes cuestionan sus recompensas e imparcialidad.

Entonces, a juzgar por la realidad percibida, ahora mismo, debido a que las definiciones presidenciales no están escritas en piedra, la lupa de la Cuarta Transformación no está en la confusión de los intereses privados y políticos de Pemex administrados por Lozoya Austin.

En un tono suave, aquellos que pertenecieron a ese año sexual aún no temen el destino del ex presidente. Incluso confían en el silencio de los detenidos, aunque su abogado Javier Coello Trejo amenazó con traicionar a quienes le dieron órdenes.

El optimismo de los rockeros fue pagado el jueves por López Obrador y reiteró que está en contra de juzgar a sus predecesores porque eso "no sería adecuado para el país".

Dejando a un lado la especulación, lo único que la inundación presidencial de esta semana ha dejado en claro es que la mera expectativa de dejar hablar a Lozoya Austin aliviará a los PRI en el Congreso, restando el peso de la oposición diluida.

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